En 1567,
don Pedro de Dezza, presidente de la Real Cancillería de Granada, proclamó la Ley
Pragmática por orden de Felipe II. El edicto limitaba las libertades
religiosas, lingüísticas y culturales de la población morisca. Esto provocó la
rebelión de los moriscos de la Alpujarra granadina que don Juan de Austria
redujo por la fuerza de las armas. En 1609, ya
en tiempos de Felipe III, se decretó la definitiva expulsión de los moriscos de España por
los siguientes motivos: su actitud de cristianos poco convencidos, en un Estado
defensor del catolicismo. Su posible alianza con los turcos y berberiscos que
atacaban constantemente las costas de Levante desde el norte de África. De esta
época proviene la frase «no hay moros en la costa», para decir que no había
peligro inminente de una incursión de los piratas berberiscos en busca de botín
y esclavos. Por éste y otros motivos, además de sus particulares costumbres
religiosas, la impopularidad y la inquina contra los moriscos creció entre la
población cristiana. También influyó en esta decisión la necesidad del Estado
de confiscar sus riquezas. Entre 1609
y 1610 los moriscos abandonaron España. Para esta operación fueron
movilizados 30.000 soldados y la Armada fue la encargada de transportarlos a
Túnez, Argelia y Marruecos. Se expulsó a unos 300.000 moriscos aproximadamente. Esta
medida afectó considerablemente al Reino de Valencia, a las vegas de Aragón y a
las huertas de Murcia. Disminuyó considerablemente la mano de obra y las rentas
de los propietarios de tierras en esas zonas. Los cultivos de azúcar y arroz
tuvieron que ser sustituidos por la morera, la viña y el trigo. Aunque, finalmente,
la economía valenciana se recuperó completamente.
Moriscos: escena cotidiana en un patio de Granada |
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