Asedio y caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714

Tras la repentina muerte de su hermano, el archiduque Carlos fue elegido césar del Sacro Imperio Romano Germánico en septiembre de 1711. Esto le obligó a trasladarse a Fráncfort para su coronación como emperador con el título de Carlos VI y en consecuencia abandonar Cataluña, si bien dejó como regente a su esposa, la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick. Cataluña esperaba que sus leyes e instituciones propias fuesen preservadas según lo acordado en el Pacto de Génova de 1705 firmado por los representantes del Principado y de la reina Ana de Inglaterra. Así, cuando en 1712 comenzaron las negociaciones de paz en Utrecht, Gran Bretaña planteó a Felipe V el «caso de los catalanes» y le pidió que conservase los fueros, a lo cual éste se negó, aunque prometió una amnistía general. Los ingleses no insistieron, puesto que tenían prisa para que se firmase el tratado y disfrutar de las enormes ventajas que éste les proporcionaba, sobre todo, en el Caribe español. Al conocer este acuerdo, y presionada por Gran Bretaña, Austria accedió secretamente a un armisticio en Italia y confirmó el convenio sobre la evacuación de sus tropas de Cataluña. Finalmente la emperatriz también se embarcó en marzo de 1713, oficialmente para «asegurar la sucesión» del trono austriaco, quedando como virrey el príncipe Starhemberg, en realidad con la única misión de negociar una capitulación en las mejores condiciones posibles, pero ni siquiera esto se consiguió dado que Felipe V no aceptaba el mantenimiento de los fueros catalanes. Por otra parte, el Tratado de Utrecht únicamente había incluido una cláusula por la que el nuevo rey, de la casa de Borbón, concedía una amnistía general a los catalanes fieles a los Habsburgo, y que éstos gozarían de los mismos privilegios que sus súbditos castellanos, pero no de los suyos propios. El Gobierno catalán se componía entonces de tres instituciones, los Tres Comunes de Cataluña: el Consejo de Ciento, que se encargaba de la ciudad de Barcelona, la Diputación General o Generalidad, de atribuciones sobre todo tributarias sobre el conjunto del territorio, y el Brazo Militar de Cataluña. El 22 de junio de 1713 el príncipe Starhemberg comunicó a los catalanes que había llegado a un acuerdo con el general borbónico en el llamado Convenio de Hospitalet para la evacuación de sus tropas, y que como garantía les había entregado Tarragona. Después de esto, el general embarcó secretamente junto con sus soldados, dejando a Cataluña abandonada su suerte. En Barcelona se formó la Junta de Brazos de las Cortes, que decidió llevar a cabo una defensa numantina de la plaza. Mientras tanto, el comandante borbónico, el duque de Popoli, sometía las ciudades circundantes y terminó pidiendo la rendición de la propia Barcelona, a lo que ésta se negó. Entonces Popoli inició un bloqueo naval, no demasiado eficaz, ya que era burlado por Mallorca, Cerdeña e Italia. En los siguientes meses se produjeron levantamientos en el campo, que fueron rápidamente sofocados. En marzo de 1714 se firmó el Tratado de Rastadt, confirmado en septiembre por el nuevo Tratado de Baden, lo que suponía el abandono definitivo de Carlos VI. El emperador austriaco envió una carta a la Diputación General de Cataluña en la que les explicaba que había firmado el Tratado de Rastadt obligado por las circunstancias y que todavía mantenía el título de rey de España.

Por su parte, Felipe V, tras superar la muerte de su esposa, volvió a exigir la rendición de Barcelona que fue rechazada por los defensores encabezados por el general Antonio de Villarroel y por el conseller en cap Rafael de Casanova. La ciudad había sido asediada por un ejército de 40.000 hombres y 140 cañones, y Felipe V respondió iniciando el bombardeo de la ciudad. El asedio continuó durante dos meses —previamente Barcelona había sufrido nueve meses de bloqueo naval—. El 11 de septiembre de 1714 el mariscal de Berwick ordenó el asalto; la defensa de los catalanes fue «obstinada y feroz», tal como recordaba el marqués de San Felipe, y en la lucha cayó herido gravemente el conseller en cap (Consejero primero del Consejo de Ciento de Barcelona), Rafael de Casanova cuando lideraba el contraataque contra las tropas borbónicas, blandiendo la espada y enarbolando la enseña de Santa Eulalia para enardecer a los defensores. Finalmente, el 12 de septiembre se firmó la capitulación de Barcelona y el 13 de septiembre de 1714 las tropas borbónicas ocuparon la ciudad. James Fitz-James, I duque de Berwick, era hijo de Jacobo II de Inglaterra de la dinastía Estuardo, y llevaba unas instrucciones precisas de Felipe V sobre el trato que debía dar a los defensores de Barcelona cuando la ciudad cayera, en las que se decía que «se merecen ser sometidos al máximo rigor según las leyes de la guerra para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos que, a semejanza suya, persisten en la rebelión», a pesar de que pensaba, según lo que dejó escrito en sus Memorias, que aquella orden era desmesurada y «poco cristiana» —y que se explicaba por qué Felipe V y sus ministros consideraban que «todos los rebeldes debían ser pasados a cuchillo» y «quienes no habían manifestado su repulsa contra el archiduque debían ser tenidos por enemigos»—, pero el duque de Berwick la cumplió nada más entrar en la ciudad de Barcelona el 13 de septiembre. Al día siguiente creó con carácter transitorio la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno, de la que formaron parte destacados borbónicos y que sustituyó a las instituciones catalanas ya que su cometido era gobernar «aquel Principado como si no tuviera gobierno alguno». Así, el 16 de septiembre, sólo cuatro días después de la capitulación de Barcelona, el duque de Berwick comunicaba a sus representantes la disolución de las Cortes catalanas y de las tres instituciones que formaban los Tres Comunes de Cataluña, el Brazo Militar de Cataluña, la Diputación General de Cataluña y el Consejo de Ciento. Asimismo, suprimía el cargo de virrey de Cataluña y de gobernador, la Audiencia de Barcelona, los veguers y el resto de organismos del poder real. En cuanto a los municipios los cargos de consellers, jurats y paers fueron ocupados por personas de probada fidelidad a la causa borbónica, y a finales de 1715 se impuso definitivamente la organización castellana. Como han señalado varios historiadores, con todas estas medidas el Principado de Cataluña dejó de existir.

Para la campaña de Mallorca e Ibiza —Menorca había quedado bajo soberanía británica según lo estipulado en el artículo 11 del Tratado de Utrecht—, el Intendente General de la Marina, don José Patiño tuvo que organizar una escuadra con escasez de efectivos y pertrechos, por lo que recurrió al flete de embarcaciones privadas catalanas, pero también francesas y genovesas. Con estas embarcaciones, y el auxilio que se recibió de las tropas francesas enviadas por Luis XIV, se logró la rendición de Mallorca en julio de 1715. Posteriormente se produjo la ocupación de Ibiza. Con estos episodios se dio por terminada la guerra de Sucesión Española, aunque políticamente no acabaría hasta la firma en abril de 1725 del Tratado de Viena entre los representantes de los dos antiguos contendientes, Felipe V y el archiduque Carlos, desde 1711, emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe V aplicó un conjunto de medidas represivas contra los partidarios de la Casa de Austria que habían apoyado al archiduque Carlos y que afectaron sobre todo a los estados de la Corona de Aragón. Una de las formas principales que revistió la represión fue la confiscación de sus bienes y propiedades. Si se tiene en cuenta que el número de personas afectadas fue mucho mayor en los tres reinos de la Corona de Aragón que en Castilla, se confirma que en esta última los que apoyaron al archiduque fueron fundamentalmente nobles, mientras que en la Corona de Aragón el apoyo fue mucho más amplio y diverso socialmente. La derrota en la guerra y la represión borbónica provocaron el exilio de miles de partidarios de la Casa de Austria, hecho considerado por el historiador Joaquim Albareda como el primer exilio político de la historia de España. Aunque también existió un exilio de los partidarios de Felipe V que fueron obligados entre 1705 y 1707 a abandonar los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Sin embargo, el exilio de los partidarios de los Habsburgo fue mucho más importante ya que alcanzó unas dimensiones sin precedentes en la historia de España: entre 25.000 y 30.000 personas. Sólo superado por la expulsión de los moriscos de Levante en 1609, que afectó a unas 300.000 personas.

El destino principal de los exiliados catalanes fueron las antiguas posesiones de la Corona española en Italia; tales como el reino de Nápoles, la isla de Cerdeña o el ducado de Milán, y los Países Bajos Españoles, estados que habían pasado a la soberanía del archiduque Carlos, convertido ya en el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra parte, unos 1.500, marchó a la capital del Imperio, Viena, donde algunos de los exiliados ocuparon cargos importantes en la corte de Carlos VI como el catalán marqués de Rialp, nombrado secretario de Estado y del Despacho. Hubo un grupo de unos 800 colonos que fundaron Nueva Barcelona en el banato de Temesvar en el reino de Hungría, que también era un dominio de Carlos VI. Una segunda oleada de represión y de exilios forzosos se produjo años más tarde en momentos de crisis internacional que coincidieron con el renacimiento de la resistencia de los partidarios de los Habsburgo como ocurrió con el movimiento de los Carrasclets de 1717–1719, durante la guerra de la Cuádruple Alianza. De los exiliados se ocupó por orden del emperador Carlos VI el Consejo Supremo de España creado en la corte de Viena a finales de 1713, y su ayuda se concretó en el pago de rentas y pensiones a los exiliados que procedían de los bienes confiscados a los partidarios de Felipe V en los estados italianos incorporados a la Corona de Carlos VI. En esta ayuda a los represaliados catalanes desempeñó un papel esencial el marqués de Rialp.

Infantería española en 1760