Unión de las Coronas de Castilla y de Aragón

El 19 de octubre de 1469, Isabel, heredera del trono de Castilla, contrae matrimonio con Fernando, hijo y heredero de Juan II de Aragón. Isabel contaba 19 años y la unión no fue un acuerdo dinástico impuesto desde arriba. Isabel, haciendo caso omiso de la oposición de su hermano, el monarca reinante Enrique IV, y rechazando a sus pretendientes portugueses, franceses e ingleses, decidió personalmente casarse con Fernando y pudo imponer su criterio gracias a una gran determinación y sentido político. El futuro de España se habría de construir sobre los frágiles cimientos de este matrimonio. Fernando e Isabel, que heredaron unos reinos diferentes y hostiles entre sí, quebrantados por las luchas sociales y políticas, dejaron a sus sucesores de la casa de Habsburgo los elementos necesarios para la creación de un Estado–nación unido, pacificado y más poderoso que ningún otro en Europa. Pocos habrían augurado tan favorables perspectivas en 1469. Dado que existía entre ellos parentesco de consanguinidad y se habían casado sin la aprobación papal —aunque con una dispensa tramada en España— desde el punto de vista canónico vivían en pecado y no tardaron en ser excomulgados. Además, debían tener en cuenta la feroz hostilidad de Enrique IV, lleno de resentimiento por las intrigas aragonesas entre sus súbditos rebeldes y partidario de una alianza castellana con Portugal o Francia. Por otra parte, había quienes apoyaban los derechos de sucesión de la hija de Enrique IV, Juana la Beltraneja, cuya legitimidad estaba en disputa pero a quien el rey castellano reconoció como heredera. La joven pareja, alejada de Castilla por rebelde, poco podía esperar de Aragón. Es cierto que Juan II había alentado su matrimonio con la esperanza de mejorar su posición, amenazada por la rebelión de Cataluña y la hostilidad de Francia, aunque estas preocupaciones le impidieron prestarles ayuda efectiva. Pero incluso si sobrevivían para reclamar su herencia, ¿merecía ésta el esfuerzo?

Las guerras civiles habían determinado que los dos reinos se vieran sumidos en una situación de ruinosa anarquía. Cataluña había debilitado a la Corona de Aragón en el curso de una guerra con su monarca que se había prolongado durante diez años (1462–1472), intensificando su propia decadencia económica y perdiendo una parte de su territorio, que pasó a manos de Francia. En Castilla, donde la guerra civil tuvo una duración aún más prolongada (1464–1480), la agresiva aristocracia no solo desafiaba a la Corona sino que la controlaba. La autoridad real, personificada en el enfermizo y degenerado Enrique IV, apodado «el Impotente» (de ahí la disputa en torno al derecho sucesorio de Juana) y cuya efigie fuera expulsada a puntapiés del trono por un grupo de nobles rebeldes encabezados por el arzobispo de Toledo, no podía caer más bajo. Fernando e Isabel supieron sobrevivir a las tormentas de la política peninsular para conseguir la legitimación de su matrimonio, el trono de Castilla a la muerte de Enrique IV en 1474 y la unión de las coronas de Castilla y de Aragón cuando Fernando sucedió a su padre en 1479. Solo los reinos de Navarra y de Granada quedaron fuera de la unión, aquélla como reino vasallo de Francia y ésta como el último reino musulmán de Taifas. Portugal —cuyo monarca había contraído nupcias con Juana la Beltraneja, apoyaba sus derechos y aspiraba todavía a apartar a Castilla de los reinos orientales de la Península— el rey portugués fue decisivamente derrotado en la batalla de Toro en 1476. 

Los dominios de los Reyes Católicos —título que les otorgaría más tarde su protegido de la familia Borja o Borgia, el papa Alejandro VI— contaban ahora con un gobierno único bajo una misma Dinastía. Dado que España carecía de tradición de unidad y de las instituciones que dieran expresión a esta unidad, el éxito de ese gobierno dependía de la voluntad de los dos soberanos para cooperar. Por el acuerdo de Segovia de 1475, Isabel quedó a cargo del gobierno interno de Castilla, mientras que Fernando se especializaba en la política exterior y ambos participaban en la administración de justicia. Sin embargo, este acuerdo formal tuvo menos importancia que el entendimiento personal que presidió sus relaciones. Cada uno de los dos soberanos participaba activamente en los asuntos de los reinos del otro, en ocasiones conjuntamente, a veces por separado, pero generalmente de mutuo acuerdo. A Isabel le disgustaba que se hablara de ella sin mencionar también a su esposo y la costumbre de hacer referencia a todas sus decisiones y actuaciones como correspondientes «al rey y la reina» llevó al cronista Hernando del Pulgar a satirizar esa manida fórmula comenzando de esta guisa un capítulo imaginario de su historia del reinado: «En tal día y a tal hora parieron Sus Majestades». Pero, de hecho, la coincidencia de ambos en los asuntos políticos, junto con su buena disposición a seguir los consejos del otro, hacía difícil atribuir a uno de los dos las ideas o medidas políticas. El único criterio que guiaba su acción era la búsqueda de las mejores soluciones para sus problemas respectivos.

En consecuencia, el hecho de que Castilla se convirtiera en el socio dominante no fue fruto de un nacionalismo exacerbado, sino que contaba con el apoyo total de Fernando y es expresión del realismo del rey y no de los prejuicios de la reina. Los Reyes Católicos han sido vistos por la historiografía tradicionalista como figuras providenciales que consiguieron una unificación en todos los ámbitos: político, territorial, ideológico y religioso, a pesar de lo forzada que a algunos historiadores revisionistas parezca esta interpretación. Desde el punto de vista geográfico, Castilla contaba con la ventaja de su posición central, de la extensión de su territorio, tras veces mayor que la de la Corona de Aragón y sus reinos integrantes, Cataluña, Valencia y Mallorca, y de su superioridad demográfica, con 4,3 millones de habitantes de una población total de 5,2 millones. Estos hechos, junto con la pobreza de los estados del este peninsular, otorgó a Castilla la posición de líder natural de la unión y la convirtió en la base de las operaciones de la Corona española, tanto más cuanto que sus leyes e instituciones no limitaban la acción real con los obstáculos que existían en los reinos orientales. El rey de Aragón no planteó, por tanto, objeción alguna a la supremacía castellana, antes bien, trabajó por ella con mayor ahínco que la propia reina Isabel. En las capitulaciones matrimoniales había jurado residir de forma permanente en Castilla y no salir de ella sin el acuerdo de su esposa. Gobernaba, pues, sus reinos por medio de virreyes y a partir de 1494 con la ayuda del Consejo de Aragón, una institución nueva que, a pesar de que todos sus miembros eran representantes de Aragón, Cataluña y Valencia, tenía su sede permanente en Castilla, donde se hallaba bajo la influencia directa de la Corona y de la corte. La supremacía de Castilla se reflejó también en la expansión de su lengua y en el renacimiento de su cultura. El castellano era ya el vehículo de expresión escrita de los vascos y el uso literario del gallego desapareció prácticamente a partir del siglo XV. Por su parte, el catalán, la más sólida de las lenguas románicas después del castellano, sobrevivió en el uso popular e incluso como lengua oficial, pero retrocedió rápidamente como medio de expresión literaria ante la lengua de Castilla. En Cataluña, y más aún en Valencia, el castellano adquirió preponderancia entre los hombres de letras y el brillante florecimiento de la literatura española de la Edad de Oro se produjo en lengua castellana. Pero la influencia de la lengua no se detenía ahí, sino que era también considerada como un instrumento de expansión política, como se puede apreciar en el pensamiento de una de las figuras más destacadas del Renacimiento español, el humanista y filólogo Antonio de Nebrija. En el elocuente prólogo de su gramática castellana, que dedicó a la reina Isabel, Nebrija expresa su convicción de que «siempre la lengua fue compañera del Imperio». En la Península, la tendencia a utilizar el castellano como lengua común era ya fuerte, y la lengua de Castilla era la lengua de la autoridad y, por tanto, un elemento de unificación. Otro lo sería la religión católica.

Así, tras el fin de la guerra de Granada en 1492, inmediatamente se afrontó lo que se percibía como un grave problema: la convivencia entre judíos y conversos, lo que se creía daba pie al mantenimiento de prácticas judaizantes. La expulsión de los judíos de España fue vista como una solución, y una oportunidad de incrementar las conversiones, cosa que se produjo solo en menor medida. La situación de los musulmanes que habían quedado en Granada protegidos por las condiciones de la capitulación y la política apaciguadora del confesor real, el primer obispo de la ciudad, fray Hernando de Talavera, se vio alterada por la presión ejercida por el nuevo confesor, el cardenal Cisneros. Tras el edicto de 1502 no podía quedar en territorio español nadie que no fuera cristiano. Los bautismos masivos obtenidos con pocos miramientos originaron para las siguientes generaciones el problema morisco, que no se solucionó con su dispersión por el interior del Reino tras la rebelión de las Alpujarras y solo acabó con la expeditiva solución que se dio en 1609: la definitiva expulsión de los moriscos. En vísperas del descubrimiento de América, la mayor parte de los súbditos de los Reyes Católicos se consideraban todavía castellanos, aragoneses, catalanes y valencianos, más que españoles. Pero todos se sentían «cristianos». En cierto sentido no podía ser de otra manera, pues Fernando e Isabel dieron a España un gobierno único pero no una administración común. En este sentido, una Inquisición de nuevo cuño, bien diferente de la medieval, y que se convirtió en una de las pocas instituciones comunes al conjunto de reinos hispánicos, tuvo un papel trascendental en la configuración de la sociedad española a partir de 1492. Clérigos de fuerte personalidad la fueron conformando, como Tomás de Torquemada —confesor de la reina Isabel— o Pedro Arbués, el primer inquisidor de Aragón, asesinado por los judíos mientras rezaba en la catedral, a pesar de ir protegido con yelmo y armadura. La planta de los tribunales cubría el territorio de un modo más racional que las propias diócesis, y la tupida red de tribunales hacía llegar su influjo hasta el último rincón.

La unión de las Coronas de Castilla y de Aragón era personal, no institucional, y cada reino conservó su identidad y sus leyes. A pesar de que ostentaban los títulos de «reyes de Castilla, de León, de Aragón y de Sicilia», Fernando e Isabel eran, ante todo, soberanos de sus propios reinos más que monarcas de España, hecho que quedaría perfectamente patente a la muerte de Isabel, cuando Fernando tuvo que abandonar Castilla y los dos reinos volvieron a llevar una trayectoria separada durante algún tiempo. Las diferencias institucionales se expresaban en la existencia de sistemas jurídicos y de Cortes separados para Castilla y Aragón. Incluso en la Corona de Aragón había Cortes separadas para los distintos reinos componentes: Cataluña, Valencia y Aragón. En Castilla, además del sistema jurídico castellano, existía el de las provincias Vascongadas, que tenían también su propio régimen consuetudinario y, tras la anexión de Navarra en 1512, el del reino de Navarra. Estas decisiones se veían reforzadas por las barreras aduaneras existentes entre los diversos reinos, tan eficaces como las que existían entre éstos y los reinos extranjeros. Así pues, la unión de la Corona solo fue el comienzo de la unificación de España. Quedaba todavía por hacer la tarea de asimilar e integrar los diferentes estados y en su realización Fernando e Isabel se mostraron más vacilantes y menos absolutistas de lo que se piensa muchas veces. Sin embargo, las esperanzas de alcanzar la unidad permanente de España, y no solo una alianza dinástica temporal, residían en la constancia con que los monarcas intentaron conseguirla. En efecto, la unidad territorial no era una condición natural de los habitantes de la península Ibérica, por lo cual el impulso tenía que proceder desde arriba. Es cierto que a la hora de poner en práctica una política común, Fernando e Isabel podían utilizar los recursos conjuntos de sus diferentes estados, especialmente los de Castilla, que poseía el instrumento más eficaz de unificación: una monarquía potencialmente absoluta, al estilo francés, sin las cortapisas de unas instituciones representativas y dispuestas a disputar el poder a la nobleza. Esto les otorgó los medios de constituir un Estado nacional y, en último extremo, un inmenso Imperio colonial en ultramar. Pero era necesario organizar esos medios y encaminar a sus súbditos hacia unas vías nuevas a las que no estaban acostumbrados. Pero, ante todo, tenían que imponer su autoridad en Castilla.

Fernando e Isabel gobernaban como si su autoridad fuera absoluta y sus súbditos estuvieran dispuestos a obedecer de buena gana, pero la realidad era diferente, pues encontraron núcleos de poder hostiles que escapaban a su control inmediato y ante los cuales sus decretos eran ineficaces y sus representantes perdían fuerza. La poderosa nobleza castellana, que había monopolizado los frutos de la Reconquista de España a los moros —tierras y cargos públicos— tenía el poder suficiente como para convertirse en una autoridad independiente que desafiaba a los reyes, se adueñaba de tierras de la monarquía y utilizaba el poder así obtenido como herramienta de sus propias ambiciones. Así pues, los monarcas intentaron incrementar su poder limitando el de la aristocracia. Reacios a introducir innovaciones, se sirvieron de los organismos con los que sus súbditos ya estaban familiarizados. Uno de ellos, las hermandades, fuerzas de policía organizadas por numerosas ciudades, ya habían demostrado su autoridad y utilidad en los años de caos y desorden del reinado de Enrique IV. Las reorganizaron creando la Santa Hermandad, obligaron a todo el mundo a contribuir sufragando los gastos que generaba, obligación en la que quedaban incluidos —y esto era una innovación— la nobleza y el clero, y crearon el Consejo de la Hermandad para garantizar que quedara bajo el control de la Corona (1476). Tras un inicio vacilante —solo ocho municipios enviaron a sus representantes a la reunión fundacional— la Santa Hermandad y sus milicias desempeñaron un papel fundamental en la reducción del poder de la nobleza y en la persecución de los criminales, con independencia de su condición social.

Antes del reinado de los Reyes Católicos la Corona no había podido escapar al control de la aristocracia aliándose con las ciudades, porque muchas de éstas eran partidarias de la nobleza o estaban subordinadas a ella. Sin embargo, a mediados del siglo XV los habitantes de las ciudades estaban cansados de la anarquía feudal. Conscientes de los inconvenientes prácticos que presentaban el desorden, la guerra civil y el dislocamiento de las comunicaciones normales estaban dispuestos a tomar la iniciativa. Las primeras hermandades fueron movimientos urbanos y, de hecho, los anhelos municipales de conseguir la paz, la seguridad y la reanudación del comercio fueron unas de las condiciones para el éxito del programa real. Pero Fernando e Isabel no tenían intención de rescatar a la Corona del control de la nobleza para subordinarla al de las ciudades. Muchas de ellas conservaban todavía privilegios que habían obtenido cuando eran puestos fronterizos en las guerras contra los moros y, con ellos, el recuerdo de la antigua independencia. Los monarcas intentaron poner fin a esa situación e introducir a los corregidores para que supervisaran a los consejos municipales. Durante el decenio 1485–1495, los corregidores pudieron asentar con fuerza su autoridad y su reputación, pero en los municipios siguió siendo necesario recurrir más a la fuerza del halago que a la de la coacción. La Corona ratificó el carácter prácticamente hereditario de los cargos conseguidos por los regidores (magistrados municipales) y confirmó la división de esos cargos entre las facciones de la nobleza. Quienes sintieron con mayor fuerza el poder de los corregidores fueron los miembros de la élite urbana, por cuanto en su condición de hombres de negocios eran quienes pagaban los mayores impuestos y quienes esperaban que el gobierno y la justicia alcanzaran unas cotas elevadas de eficacia. Aunque la Corona no pudo introducir a los corregidores en Aragón y Cataluña, pudo reducir la independencia de las corporaciones municipales poniendo en marcha la práctica de insacular, esto es: poner en un saco, cántaro o urna, cédulas o boletas con números o con nombres de personas o cosas para sacar una o más por suerte. También consiste en introducir votos secretos en una bolsa para proceder después al escrutinio, en el que los beneficiarios de los cargos públicos procedían de listas de candidatos adecuados, es decir de aquellos que mostraban una buena disposición hacia la Corona, que se reservaba el derecho de revisar las elecciones. Las ciudades aceptaban de buen grado la política real ya que salían beneficiadas de la mejora de la administración e incluso, más aún, del restablecimiento de las finanzas municipales, del crédito y del comercio.

Infantes del siglo XV con armadura completa